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El Espejo de Argentina y el Mundo

Año XX - Nº 225 (Segunda época)
Agosto 2015

17 de agosto de 2015

Tenaza contra la Revolución




Conflicto prefabricado por Washington y Exxon en Guyana; escalada de paramilitares colombianos al interior de Venezuela. Son parte de una pretendida operación de cerco y aniquilamiento contra la Revolución. La unión cívico militar garantiza que ese objetivo no se cumplirá. Pero Estados Unidos y sus socios de la MUD tienen como objetivo mínimo desatar situaciones de confrontación bélica al interior de un proceso constitucional y pacífico. Cada episodio es magnificado por la prensa comercial en todo el mundo. Por eso urge estar alerta y enfrentar la embestida paramilitar y pseudoperiodística con la Verdad de Venezuela.

Paramilitares infiltrados en la Misión Vivienda



El gobierno dispuso el inicio de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que ya desarticuló siete bandas delictivas sólo en la región central y capital del país. Desde las zonas ocupadas, los “paracos” sometían a los habitantes en los barrios y gestaban actos criminales incluyendo sicariato, extorsión y secuestro. Además, establecieron campamentos en zonas rurales y de montaña que servían de base logística para sus operaciones, según explicó Nicolás Maduro el pasado 23 de julio. Mientras mostraba imágenes de los acampes y las armas confiscadas, vinculó a estos grupos con la derecha venezolana.
En la Cota 905 de Caracas la operación detuvo a 134 personas y retuvo armas, narcóticos y dólares que utilizaban con fines extorsivos. De acuerdo a la información oficial 32 de los detenidos eran de origen extranjero y estaban vinculados al paramilitarismo colombiano. El operativo, realizado de forma conjunta por los distintos cuerpos de seguridad del Estado, dejó como saldo 14 muertos y un herido.
En otra de las incursiones, en Ciudad Tiuna, hubo un total de 102 detenidos que las autoridades conectaron directamente con el paramilitarismo. En sus áreas de influencia traficaban drogas y poseían armas cortas, munición y mercancía para contrabando. Además, habían desplazado a doce propietarios de sus viviendas.
Mil efectivos participaron del tercer procedimiento en magnitud, realizado en las urbanizaciones Betania IV y V, en el Estado de Miranda. Allí eran 200 los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda afectados directamente.
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, explicó que el objetivo de la Operación es “liberar el territorio de la activad criminal y proteger a nuestro pueblo”. El presidente Nicolás Maduro afirmó que “el paramilitarismo, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar e instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a nuestra hermana Colombia”. “Estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo, con la unión de todo nuestro pueblo”, aseguró.
Ya el pasado 18 de junio, durante una cadena nacional transmitida desde el Palacio de Miraflores, Maduro había llamado a los habitantes de las edificaciones de la Misión Vivienda a sumarse a las denuncias para lograr la paz y erradicar la delincuencia. También advirtió que quienes delincan serán separados de sus residencias. “La Gran Misión Vivienda no se hizo para malandros ni delincuentes y quiero todo el apoyo del pueblo que está en la Gran Misión Vivienda Venezuela”, reforzó el presidente.
El que recibió fuertes críticas del gobierno venezolano por su falta de cooperación fue el gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles Radonski, a quien Maduro acusó de “trabajar para coordinar con los ‘malandros’ para tirárselos al pueblo encima”. “Cree que destruyendo Venezuela algún día será presidente”, agregó, “pero ese día jamás llegará”.
“El drama de la vivienda se puede resolver sólo en socialismo”, decía Hugo Chávez. La Revolución Bolivariana se propone desde 2011 la construcción de 2 millones de viviendas en un plazo de siete años. Hasta mediados de abril de 2015, la Gran Misión Vivienda de Venezuela había creado 701 mil 250 nuevas casas para los sectores más humildes.
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Bandas criminales se instalaron en distintos puntos del país para erosionar los cimientos de la Revolución Bolivariana
 

Ley Mordaza: la doble moral del gobierno español



Uno de los sonsonetes más machaconamente utilizados contra la República Bolivariana de Venezuela es el de la supuesta asfixia de la libertad de expresión en este país. El coro mediático internacional se encarga de amplificar quejas y montar campañas, sin escrúpulo alguno ante la evidencia de su falsedad, comprobable por cualquiera que viva o pase unos días en Venezuela.
La libertad de expresión no sólo está garantizada por la Constitución y las leyes bolivarianas, sino que se palpa y extiende día a día. En los últimos 15 años, los medios de comunicación radiales y televisivos en Venezuela se han expandido más de 60%. “Hay casi 200 radios más que en 1998. Había 36 televisoras privadas de señal abierta en 1998, hoy hay 63”, informa el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo. En Venezuela hay 97 diarios privados que circulan con la mayor libertad en sus ámbitos nacionales o regionales, y ocho diarios públicos, de los cuales uno solo, el Correo del Orinoco, tiene una circulación nacional.
Además, el país dispone de más de tres mil sitios de conexiones gratuitas inalámbricas sin límite a Internet, así como 62% de penetración de Internet. Más de 16 millones de usuarios tienen acceso constante, y existen mil sitios de conexión a través de los Infocentros.
Esta situación contrasta fuertemente con las agresiones legales y la censura a la libertad de expresión que están sufriendo otros pueblos, como es el caso reciente de España, donde entró en vigor desde principios de julio una Ley de Seguridad Ciudadana conocida como “Ley Mordaza”, diseñada a medida para castigar las movilizaciones populares en la calle y en las redes sociales. Con esta Ley las “infracciones sancionables” pasan de 19 a 44 y se establecen multas con cantidades que pueden ir de los 30 mil a los 600 mil euros y cuyo impago puede generar el inmediato embargo de bienes. (El Salario Mínimo Interprofesional está fijado en 757 euros al mes y más del 60% de los trabajadores viven hoy con ingresos inferiores a los mil euros mensuales). Todo ello con el fin de crear un agresivo clima de coerción e intimidación a la ciudadanía. Las infracciones estipuladas expresan un cuadro realmente amenazador para la convivencia democrática y representan el gravísimo retroceso que el gobierno del PP está imponiendo en el respeto de los derechos humanos y en el control de la expresión pública de cualquier forma de desacuerdo o rechazo a las medidas abusivas y antisociales que adoptan de forma continuada.
Juristas, catedráticos de derecho, periodistas, fuerzas políticas, plataformas de ciberactivismo...todos han calificado sin excepción las nuevas normativas como el mayor atentado a la libertad de expresión en España desde la muerte del dictador Franco en 1975. La mayoría de fuerzas políticas presentes en el Congreso de Diputados han presentado un recurso al Tribunal Constitucional por considerar que la Ley Mordaza impone un Estado policial y vulnera 12 artículos de la Constitución que afectan al derecho a la dignidad de la persona, a  la integridad física y moral, al derecho de reunión y manifestación, a la libertad de información y a los derechos de los inmigrantes, además de vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Por su parte, expertos y relatores en derechos humanos de la ONU afirman que “el texto incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” que “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. “La llamada ‘Ley Mordaza’ vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo” y “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”.
Se han desarrollado numerosas manifestaciones contra esta ley y los días anteriores a su entrada en vigor la prensa crítica y las redes sociales se llenaron de imágenes y viñetas de denuncia, susceptibles de ser sancionadas a partir de ahora. 
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro criticó severamente la Ley Mordaza aprobada en España expresando que “es una ley que viola los derechos humanos, es una ley fascista, la Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la Ley Mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo” y afirmó que “en Venezuela jamás habrá una Ley Mordaza, ese es el régimen que quieren imponer en Venezuela los sectores de oposición que son financiados por Rajoy”.
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